Así que como estamos en un país donde los más listos se benefician de los más nobles, se ha creado un plan para que los pagos puedan llevarse a cabo. Se trata del flamante Plan de Pago a Proveedores. Pero ni aún con ésas, aquí nadie paga y las empresas cierran.
Este plan intentaba aplacar el enorme endeudamiento de las Administraciones acortando el pago a los acreedores. Así pues, en 2012 tenían un plazo de 35 días para pagar a estas empresas que trabajaron con ellos. Sin embargo, la media de pago se fue hasta los 163. Ahora que se ha reducido el plazo para pagar hasta los 30 días, ¿Alguien cree que es posible pagar dentro del plazo? Y no sólo eso, es que si además no pagan, o existe algún retraso, las Administraciones Públicas deberán “abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro', pero si la empresa ha tenido que cerrar antes, ¿para qué sirve este catálogo de buenos propósitos?, lo anteriormente dicho, simplemente es papel mojado.
No parece pues, que resulte rentable trabajar para la empresa pública. Hay que pensárselo muy bien y poner las cosas en una balanza, puesto que, las Administraciones Públicas pagan tarde pero pagan, y eso es algo que ninguna empresa privada puede asegurarle hoy en día.
Resulta irónico que los autónomos tengan que adelantar en concepto de IVA, un importe que aún no han cobrado. Y evidentemente, si el pago de las autonomías se retrasa, la deuda crece hasta ahogar al empresario. Sobre todo aquel que centra gran parte de su trabajo en colaborar con empresas públicas.
Así pues, ¿qué modelo de negocio debe seguirse a raíz de los pagos que adeudan los gobiernos autonómicos?