La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
Los productos o servicios en el mercado deben ser seguros, lo cual significa que su uso en condiciones normales no es perjudicial para la salud y no implica un riesgo para la seguridad del consumidor.
Los productos químicos, o aquellos artículos que contengan sustancias peligrosas deben ser envasados con las medidas de seguridad necesarias, e indicar visiblemente las advertencias respecto a dicha situación.
Los empresarios tienen la obligación de retirar, suspender o recuperar productos que se han demostrado peligrosos o defectuosos, o que de alguna forma no cumplan con las condiciones de seguridad necesarias para su uso.
La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
Promociones. La utilización de concursos, regalos, sorteos, y similares está sujeta a una regulación específica que garantice la transparencia de los mismos, a la vez que protege los intereses económicos de los consumidores.
Derecho a obtener un presupuesto propio.
Los consumidores tienen derecho a poder contactar con la empresa, o su departamento de servicio al cliente para hacer reclamaciones, consultas, ejercer garantías, devolución del importe pagado en caso de incumplimiento o cumplimiento no ajustado a las condiciones contractuales.
La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.
Este derecho está cubierto en el Libro Tercero del Real Decreto antes mencionado, y básicamente proclama el derecho de los consumidores a recibir indemnización por los daños o perjuicios causados por los bienes o servicios.
Estos daños incluyen daños personales, incluida la muerte, así como daños materiales en bienes o servicios que se destinen al uso o consumo privado.
De igual forma, este derecho prevalece sobre cualquier cláusula de limitación o exoneración de responsabilidad civil que una empresa quiera imponer.
La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.
El Estado está obligado a invertir recursos en la formación de los consumidores.
Los bienes y servicios deben estar debidamente identificados. Para no causar confusión, duda o error en los usuarios.
En dichas etiquetas no se deben incluir datos inexactos, falsos o confusos respecto a:
Cualidades del producto.
Atribuir al producto efectos o propiedades que no posee realmente.
Proclamar que el producto tiene características que le hacen destacar sobre otros cuando en realidad no es así.
De igual forma se indica la información que debe incluirse en el etiquetado de forma obligatoria.
La promoción o publicidad engañosa está sujeta a persecución judicial como fraude.
Reparación de daños y perjuicios (a través del sistema de arbitraje de Consumo o de los Tribunales de Justicia).
La citada ley también especifica los derechos de las asociaciones de consumidores y usuarios en su lucha por defender los intereses y derechos de los consumidores.
Los Derechos de los consumidores en España
Por: Adriana Ugalde Resenterra