Desde la entrada en vigor, en febrero de 1996, de la Ley 31/ 1995 de prevención de riesgos laborales en España, todos los empresarios tienen una serie de obligaciones dirigidas a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Su incumplimiento puede tener graves consecuencias, ya que daría lugar a responsabilidades administrativas, penales y civiles.
La aplicación de las medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo y el desarrollo de las actividades pertinentes que cumplan con esta finalidad son el propósito de la normativa existente en España a este respecto, que también incluye contenidos traspuestos de Directivas de carácter europeo.