Las aseguradoras y las pequeñas y medianas empresas deberían ir de la mano, pero, según datos de Axa México, el 95% de las pymes del país carece de un seguro que les permita protegerse de eventualidades como incendios, inundaciones o robos. Aunque este estudio es de 2010, durante estos años la cifra no ha cambiado y únicamente el 5% de las aproximadamente 4 millones de pymes existentes en México cuenta con algún tipo de seguro.

Como empresario debe estar al tanto de sus obligaciones para con la Seguridad Social, entre las que se encuentra calcular las contribuciones correspondientes a sus trabajadores. Ello permitirá a sus empleados obtener la protección del Estado, a título propio o en nombre de un familiar, para cubrir las contingencias o situaciones definidas en la Ley y a usted cumplir con la legislación vigente.

El Instituto Mexicano del Seguro Social es el organismo encargado de dar los elementos que permitan que el patrón pueda dar de alta al trabajador, haga el pago de las cuotas correspondientes, administre esos ingresos y posteriormente dé todas las prestaciones a los trabajadores en tiempo y forma.

En la era actual la mayoría de los países han visto como necesaria la protección de los trabajadores, razón por la cual han creado las leyes que consideran más apropiadas. El caso de México no es la excepción, por el contrario, cuenta con una serie de leyes totalmente proteccionistas para el trabajador, siendo las dos principales la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Seguridad Social.

De estas dos  leyes, quizá la que busca una mayor protección a la calidad de vida del trabajador es la Ley de Seguridad Social. Este ordenamiento define la protección que recibirán los trabajadores en muchos de los momentos importantes de su vida.

En la legislación española se regulan una gran cantidad de contratos laborales que pueden agruparse en dos grandes categorías en atención a su duración, así podemos hablar de contratos indefinidos y contratos temporales.

Independientemente del tipo de contrato de que se trate, éste genera para el empresario la obligación de pagar mensualmente unas determinadas cantidades de dinero, al trabajador por un lado, en contraprestación a los servicios que éste le ha prestado, y a la Seguridad Social por otro.