Salvo que los estatutos dispongan otra fecha, se entiende que la S.A. inicia su actividad en la fecha de otorgamiento de la escritura pública, a menos que se trate de un supuesto de transformación de un tipo societario distinto en una S.A.
Una Sociedad Anónima (en adelante S.A.) es una sociedad mercantil constituida para intervenir en el tráfico jurídico y en la que la responsabilidad de los socios, por las deudas contraídas por la sociedad, está limitada a las cantidades aportadas.
Este tipo de sociedades se rigen por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Los conflictos colectivos entre trabajadores y empresarios tienen gran importancia puesto que pueden llegar a afectar al común de los ciudadanos, causando, por ejemplo, situaciones de desabastecimiento o insuficiencia en la prestación de determinados servicios. Por ello, en la legislación española se han establecido diversos modos de ponerles fin.
El primero de ellos es la autocomposición, se trata de la resolución del problema a través de un acuerdo entre las partes que están en conflicto. El medio más común es la Negociación Colectiva.
El artículo 37.2 de la Constitución Española establece que “se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medias de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
El conflicto colectivo es aquel que surge entre un grupo de trabajadores y el empresario, por discrepancias que afectan a los intereses de los primeros como colectivo. Frente a este problema, existen dos tipos básicos de medidas de conflicto colectivo, en el caso de los trabajadores, la huelga y en el caso de los empresarios, el cierre patronal.
La Huelga es una medida de conflicto colectivo para los trabajadores. Sin embargo, los empresarios pueden apelar a la medida de cierre patronal como derecho fundamental.